El derecho a ser madre, el derecho a ser niña en una comunidad indígena

En días recientes ha estado presente en los medios de comunicación locales colombianos el caso de una menor de edad que pertenece a la comunidad indígena wayúu, localizada en el norte del país (Guajira-Colombia, - su territorio está comprendido entre los países de Colombia y Venezuela, sin que existan las fronteras entre los países para las y los indígenas, ya que los pueblos existen desde antes de la creación de estas fronteras). Este no es el primer caso que se presenta, pero sí el que más ha consternado actualmente a la comunidad colombiana, anteriores investigaciones periodísticas han documentado diversos casos de violaciones de niñas por varones de su propia comunidad y en el peor de los casos de su propio progenitor u otros familiares. La menor (actualmente tiene 11 años de edad), de ésta comunidad fue víctima de violaciones sexuales por parte de su progenitor desde que tenía 8 años pero al igual que otras víctimas de violaciones y abusos sexuales guardó silencio ante las amenazas del padre, hechos que dan como resultado un embarazo a su corta edad.

La ley penal colombiana tipifica este acto como incesto el cual se encuentra sancionado no solo por la legislación colombiana y por normas internacionales que consagran y protegen los derechos de los menores, entre otros: Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de ser una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de su progenitor.

Si bien es cierto, la Constitución Política Colombiana consagra la diversidad étnica en nuestro país y la primacía de los derechos del menor sobre los derechos de los demás, aunado a esto la ley de infancia y adolescencia tiene como finalidad y objetivos garantizar el bienestar de los menores, sus derechos y las libertades consagrados en tratados internaciones y en la legislación interna de cada Estado, además, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355/2006 a partir de la cual en Colombia hay aborto legal en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir por fuera del útero.

En el ordenamiento jurídico de los wayúu, cuando se produce un agravio contra una persona es la familia a quien se ofende. Cuando esto ocurre, los afectados recurren al “palabrero“ -pütchipü-, mediador y conocedor de las leyes internas, para que intente buscar un acuerdo equitativo entre las partes y en este caso la autoridad familiar recae sobre la abuela. Por ello es importante reflexionar si los derechos comunitarios de los pueblos como este caso están por encima de los derechos del menor y si los derechos colectivos puedan atropellar derechos fundamentales de propios de todo ser humano.

En la aplicación del derecho colombiano y conforme a la ley penal, la conducta de la menor está amparada por una causal eximente de responsabilidad que le da la misma jurisprudencia reiterada de la corte como es (…) cuando el embarazo es producto de violación o incesto (…) (sentencia C-355/2006). Ahora sólo es esperar la determinación de su comunidad y principalmente de su abuela quien debe tomar la decisión sobre el estado de embarazo de su nieta, a pesar que en la actualidad la menor tiene seis meses de embarazo, quizás poco se pueda hacer por el estado avanzado de la gestación, u optar por una intervención del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – institución encargada de la protección de los derechos del menor-) para la protección de los derechos de los dos menores (la joven madre y su bebe), además, de las medidas necesarias de las autoridades en la colocación en marcha de programas sobre prevención y protección del menor, entre otros.

 

*Abogado, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y RRHH.

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